La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrid, formada por unos doscientos trabajadores del EPRTVM despedidos por el ERE, ha presentado en el Tribunal Supremo una querella criminal contra el Presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este tribunal es el responsable de estudiar la posible responsabilidad penal del Presidente madrileño según lo establece el artículo 25,1 del vigente Estatuto de Autonomía de Madrid.
La Asociación interpone esta querella como acusación particular por la probable y posible comisión de los delitos siguientes:
“ 1) COHECHO. Arts. 419, 420 y ss. C.P.
2) PREVARICACION. Art 404 y ss. C.P.
3) ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. Art 295 y ss. C.P.
4) TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 428 y ss. C.P.
5) RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES. Art 298 y ss. C.P.
6) DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Art 305 C.P.
7) ASOCIACION ILICITA, Artículo 515 en posible concurso con el artículo 570 bis y ss. del Código Penal
Así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación de los hechos que se denuncian, y contra quienes resulten responsables a lo largo de la misma.”
El objeto de la querella presentada por la AGTPM lo constituyen “ las conductas desplegadas por quien tiene el poder de decisión en el EPRTVM para adquirir los derechos a emitir los partidos de fútbol celebrados por el Club Atlético de Madrid S.A.D. y cualesquiera otros contratos y operaciones formalizados con operadores económicos que pudieran haber reportado a éstos cualquier tipo de utilidad económica en detrimento del patrimonio del ente público.”
Además el escrito de la AGTPM presentado ante el Tribunal Supremo apunta a que “indiciariamente ha satisfecho el Sr. Enrique Cerezo a EL QUERELLADO (Ignacio González) a cambio de los contratos y operaciones realizados con el EPRTVM, una vez conocidos algunos de los aspectos de las Diligencias 2081/2012 que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Estepona”.
Con esta iniciativa judicial la AGTPM pretende que la Justicia aclare todas las circunstancias a nuestro juicio presuntamente ilegales, que han rodeado la gestión del Ente Público Radio Televisión Madrid en los últimos años – con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas de la Comunidad – y que terminaron pagando injustamente con la pérdida de su empleo 861 trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid.