La nueva Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en la Asamblea de Madrid con el voto a favor del Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE y Podemos, aumenta aún más el control del Gobierno sobre la cadena –todavía- pública madrileña.
La tan manida “despolitización” de Telemadrid que tanto decían defender algunos, se ha quedado en papel mojado. Basta analizar el texto que finalmente publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 28 de diciembre de 2015 para comprobarlo.
De entrada desaparece el Ente Público Radio Televisión Madrid para dar paso, según recoge el artículo 8 de la nueva Ley, a una:
“empresa pública constituida como sociedad mercantil, con forma de sociedad anónima, cuyo capital estará participado íntegramente y de forma directa por la Comunidad de Madrid” .
¿Y quién gobierna esta nueva sociedad anónima? Pues su Junta General de Accionistas que está compuesta por:
“el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid” ( Artículo 12.3).
Además esta nueva Telemadrid SA:
“podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con las actividades y funciones de aquella, incluidas las de servicio público (…) La adquisición o pérdida de la participación mayoritaria de Radio Televisión Madrid en el capital social de dichas sociedades requerirá la autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid “ ( Artículo 10.2).
La desaparición del Ente Público y su conversión en una única S.A. significa también que:
“quedan desafectados del dominio público los bienes y derechos que a la entrada en vigor de la presente Ley integran el patrimonio del Ente Público de Radio Televisión Madrid y de las sociedades Televisión Autonomía Madrid, S. A. y Radio Autonomía Madrid, S. A. Tales bienes tendrán la consideración de patrimoniales de Radio Televisión Madrid, S. A.”.
Para que quede bien claro. El artículo 39.1 establece que:
“Radio Televisión Madrid tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Comunidad de Madrid (…) La gestión, administración, explotación y disposición de los bienes y derechos que integran el patrimonio de Radio Televisión Madrid se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en su defecto, por el ordenamiento privado”.
Privatización o cierre en manos del Gobierno
Debe ser también en aras de esa “despolitización” la razón por la que la Ley reduce la capacidad de control de la Asamblea de Madrid en beneficio del Ejecutivo Regional. De hecho la decisión de cerrar o privatizar la cadena, queda con esta Ley en manos del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo deja muy claro el artículo 43:
“Operaciones de fusión, escisión y disolución.
- 1. Las operaciones de fusión o escisión de Radio Televisión Madrid requerirán el acuerdo favorable del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- 2. La disolución de Radio Televisión Madrid requerirá el acuerdo favorable del Consejo de Gobierno, oída la Asamblea de Madrid.
- 3. En todos los demás aspectos, las operaciones de fusión, escisión y disolución se realizarán conforme a la legislación mercantil que les resulte aplicable”
El Gobierno como Autoridad Audiovisual
La nueva Ley hace varias referencias a la “autoridad audiovisual” de la Comunidad de Madrid. Esa autoridad recaía en la anterior legislación en un Consejo Audiovisual regional. Organismo suprimido por la presidenta Esperanza Aguirre el 31 de marzo de 2006. Desde entonces las competencias audiovisuales están en manos de… el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Concretamente del Consejero de Presidencia tal y como establece el artículo 1.3 del Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Ahora, el Consejero de Presidencia, como “autoridad audiovisual” tiene en sus manos el control del servicio público:
“deberá evaluar si los nuevos servicios significativos que, en su caso, se pretendan incluir se ajustan a la misión de servicio público y si alteran la competencia en el mercado audiovisual. Durante la evaluación se les deberá otorgar audiencia a los distintos interesados, y sus resultados deberán publicarse. Además, la autoridad audiovisual establecerá un procedimiento para que se pueda solicitar su intervención en caso de incumplimiento de la función de servicio público” ( Artículo 42) .
Y aún más, será el Consejero de Presidencia, como “autoridad audiovisual” quien:
“determinará un procedimiento de control periódico de la financiación pública que reciba Radio Televisión Madrid, así como las medidas de reequilibrio necesarias para que su destino sea el establecido en la presente ley.”
Un presunto Consejo de Redacción
Dotar a Radio Televisión Madrid de un Estatuto y un Consejo Profesional que garantizase el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información independiente, plural y democrática fue una reivindicación histórica de los trabajadores de Radio Televisión Madrid. Luchamos por él con todas nuestra fuerzas.
Pero el Gobierno del Partido Popular y sus directivos se negaron a negociar incumpliendo el acuerdo de 20 de noviembre de 2004 de desconvocatoria de huelga, el propio IX Convenio Colectivo que lo incorpora en su artículo 64 y la sentencia del Juzgado de lo Social nº 29 de 18 de junio de 2009 ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Primera de la Sala de lo Social.
Al final quienes lucharon por dotar a Telemadrid y Onda Madrid de un organismo independiente como el que tenían o tienen medios tan distintos como Canal 9, TV3 , RTVE , la Agencia EFE o El País, pagaron con su despido en un ERE injusto e ilegal.
Y ahora, esta reivindicación clave para la independencia de la radio televisión pública ha sido recogida formalmente por Populares y Ciudadanos pero vaciándola de contenido con una redacción tan absurda – y sin equivalente en ningún sitio normal- como ésta:
“El Consejo de Redacción estará compuesto por 5 miembros, elegidos de forma aleatoria por el Consejo de Administración. Con el fin de que todos los profesionales puedan implicarse en su labor y procurar así su independencia, el Consejo rotará cada seis meses no pudiendo los mismos profesionales formar parte de él, dos veces consecutivamente. 3. La condición de miembro del Consejo de Redacción será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política y con la pertenencia a órganos de dirección de partidos políticos o de organizaciones sindicales” ( Artículo 27)
Por si quedase alguna duda, entre las funciones que fija el artículo 25 para el Director General están también:
“impulsar y proponer la creación del Estatuto de Redacción e Impulsar y mantener actualizado el Libro de Estilo de Radio Televisión Madrid”.
No vaya a ser que parezca que los profesionales de la información tienen algún protagonismo e iniciativa en estos temas.
Por cierto este descafeinado “Consejo de Redacción” de la nueva Ley, a diferencia también de lo que ocurre en las demás radios y televisiones, está formado solo por redactores, dejando fuera a otras categorías como realización, producción, cámaras o edición, claves para la información audiovisual.
Visto lo visto, está claro que los madrileños han perdido una oportunidad de oro para cambiar de raíz Radio Televisión Madrid y disponer del servicio público audiovisual plural e independiente que se merecen. Por nuestra parte tengan por seguro que seguiremos defendiendo esos principios en el convencimiento de que Otra Telemadrid es Posible .