El negocio de Telemadrid: mejor sin testigos

¡Cómo se sentiría usted si después de veinte años trabajando en una empresa pública a la que accedió tras superar una oposición publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, le despiden a la carrera, en sábado, por burofax y con una indemnización ridícula?

¿Cómo se sentiría usted si fuera periodista y llevara más de siete años sin firmar las informaciones como protesta por la manipulación informativa y viera que de repente le despiden por la puerta de atrás y en su lugar dejan a los dóciles amanuenses que contrataron a dedo para escribir al dictado lo que usted por ética y dignidad siempre se negó?

¿Cómo se sentiría usted si se viera solicitando la prestación de desempleo en el SEPE por un ERE justificado por razones económicas y que ha sido ejecutado por los mismos directivos que han llevado a la ruina a su empresa y que no solo mantienen su empleo sino que seguirán ganando más que el propio presidente del Gobierno?

Pues eso y más es lo que están padeciendo en sus carnes desde hace ahora un mes más de 800 buenos profesionales del Ente Público Radio Televisión Madrid, fulminados por una purga política disfrazada de despido colectivo. Porque lo que ha hecho el Gobierno regional del Partido Popular a través de sus directivos del canal público madrileño, con la excusa de la crisis, ha sido simplemente deshacerse de un plumazo de una plantilla honesta que llevaba ya demasiados años –para ellos– combatiendo el despilfarro y la propaganda partidista impuesta en Radio Televisión Madrid desde que accediera al Gobierno madrileño Esperanza Aguirre. Sus maneras políticas las continua ahora Ignacio González.

Los trabajadores despedidos –periodistas, cámaras, productores, realizadores, técnicos de sonido, operadores, grafistas, maquilladores y tantas otras categorías imprescindibles para hacer la televisión– no son los responsables de que los directivos nombrados por Aguirre arruinaron una audiencia que se encontraron en el 17 por ciento y que ahora está en cifras residuales; ni de que la deuda acumulada gracias a su “gestión” se haya triplicado.

Los trabajadores despedidos de RTM no son los que firmaron estos años contratos con las empresas de Enrique Cerezo –buen amigo de Ignacio González– por valor de más de 250 millones de euros por la vía de los derechos televisivos de su equipo de fútbol, la gestión de la publicidad de Telemadrid o la compra de sus paquetes de películas. Y desde luego, no serán los trabajadores de Radio Televisión Madrid los que se van a beneficiar de los ochenta millones de euros que ha dado para este año la Comunidad de Madrid y que se van a repartir en forma de subcontratas empresas amigas del PP o de amigos del PP como Telefónica, Vértice o Secuoya. ¿O acaso querido lector usted pensaba que el desmantelamiento de RTM iba a servir para ahorrar y beneficiar a la sanidad o la educación pública madrileña? Y por supuesto, olvídese de tener en Telemadrid unos informativos plurales, de servicio público e independientes del Gobierno. Eso es justo lo que han defendido durante años todos los profesionales que ahora, y justo por eso, han puesto en la calle. Porque hay cosas que es mejor hacer sin testigos molestos.

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