Trabajadores de Telemadrid piden amparo al Defensor del Pueblo

Esta mañana trabajadores de Telemadrid han ido apareciendo en la oficina del Defensor de Pueblo, en la calle Zurbano de Madrid, con intención de presentar un escrito solicitando su amparo, ante el inadmisible proceso de despido colectivo que afectaría a 925 de los 1.170 empleados de esta empresa pública y que supondría en la práctica la desaparición del Ente Público Radio Televisión Madrid tal y como lo entendemos ahora.

Desde que el pasado mes de mayo el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciará que se abriría un proceso de “reestructuración” del EPRTVM la representación sindical ha reclamado permanentemente la apertura de un proceso de negociación para diseñar, junto a la Dirección, un modelo de futuro para Radio Televisión Madrid. Desgraciadamente este proceso de negociación se le ha negado sistemáticamente hasta la fecha a los representantes sindicales.

En lugar de esto, la Dirección del EPRTVM prefirió adjudicar a una consultora externa formada por la UTE Deloitte-Cuatrecasas, la elaboración de un estudio para “la adecuación de la estructura empresarial del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades a la situación actual del mercado audiovisual”. Dicho estudio, por el que la Dirección del EPRTVM tiene que pagar 140.000 euros más IVA, fue filtrado al diario “El Mundo” que lo publicó en su edición del sábado 24 de noviembre. 48 horas antes de que lo tuviera el propio Consejo de Administración del EPRTV y los Comités de Empresa.

El informe de Deloitte sobre la “adecuación de la Estructura empresarial del EPRTVM” contempla el despido del 90% de la actual plantilla. Sólo seguirían en la cadena 92 personas en la Dirección de Informativos (89 periodistas, presentadores, editores etc) 19 en la Dirección de Antena, 34 en la Dirección de Operaciones y 38 en la Dirección de Coorporativo. Es decir, se efectúa un despido masivo por razones meramente ideológicas y políticas. De hecho en la página 64 del informe de Deloitte dice textualmente:

“El peso específico de los informativos en la parrilla de emisión y la importancia estratégica de los mismos, que en la mayoría de los casos manifiestan la estrategia editorial de los grupos, implica que los procesos asociados al establecimiento de la línea editorial, la planificación diaria y coordinación sean necesariamente internos. Asimismo, se considera el proceso de edición como consecuencia de la importancia para los distintos operadores de mantener el control de las decisiones sobre los contenidos (establecer criterios orientativos para la redacción, garantizar que se cumple con la línea editorial, estrategia e imagen de la cadena, dar estructura, formato y orden adecuado y coherente a las noticias llegadas a la redacción, etc).”

Esto es lisa y llanamente establecer un férreo control político sobre las informaciones de la cadena que vulneraría el artículo 20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la información de los ciudadanos.

Y estos planteamientos son también radicalmente contrarios a la LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL PARLAMENTARIO DEL ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID que en su artículo 13 establece:

“Los principios inspiradores de la programación de Radio Televisión Madrid son:

a) El respeto a los principios que informan a la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Madrid y a los derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan.

b) La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones.

c) El respeto a la libertad de expresión.

d) El respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social.

e) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustenten éstas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4. del artículo 20 de la Constitución “.

El desmantelamiento del Ente Público Radio Televisión Madrid contradice los planteamientos del Consejo de Europa sobre televisión pública. La IV Conferencia Ministerial del Consejo de Europa sobre Medios de Comunicación (Praga, diciembre de 1994) y las reuniones informales de ministros europeos de Cultura y Audiovisual (Galway, septiembre de 1996 y Maastricht, abril de 1997) reafirmaron de forma unánime la necesidad de la televisión pública en los países miembros de la Unión Europea. En todas sus resoluciones el Consejo de Europa fija claramente que las televisiones públicas están obligadas a “ofrecer una información independiente, fiable y universal velar por la calidad de sus contenidos; asegurar el pluralismo audiovisual, y mantener una importante producción de programas propios, como soporte esencial de identidad nacional y garantía de la diversidad cultural de Europa”. Y ya en febrero de 2012, el comité de ministros del Consejo de Europa alertó de que el pluralismo y la diversidad en los medios “están amenazados si el modelo actual, que incluye el servicio público (…), no se preserva”. En palabras del comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, “los medios públicos están amenazados por el intento de los poderes públicos de dominar el mercado mediático”.

Por todo esto, se reclama al Defensor del Pueblo que intervenga ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Dirección del EPRTVM para que se paralice la ejecución de los despidos colectivos previstos en esta empresa. Así mismo, se pide su intermediación para facilitar la apertura inmediata de una mesa de negociación con la representación sindical que estudie un proyecto de futuro que garantice la viabilidad de Radio Televisión Madrid como servicio público audiovisual y el mantenimiento de los puestos de trabajo.