Una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobada el pasado 24 de enero “toma nota con preocupación de informaciones recientes acerca de presiones políticas sobre las emisoras de servicio público en Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania”. Además reclama que “las emisoras de servicio público deben estar protegidas de las injerencias políticas en su gestión diaria y su trabajo editorial” , así como que en los puestos de dirección “se excluya a las personas con afiliaciones políticas claras”. También pide que en las radio televisiones públicas se elaboren códigos internos de conducta de los periodistas y de independencia editorial.
En concreto el punto 19 de la resolución número 1920 (2013) dice :
“A pesar de la multiplicación de medios digitales, las emisoras de servicio público siguen siendo una fuente principal de información en Europa. La Asamblea toma nota con preocupación de informaciones recientes acerca de presiones políticas sobre las emisoras de servicio público en Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania e invita a la Unión Europea de Radiodifusión a colaborar con el Consejo de Europa en esta materia. La Asamblea recuerda a los Estados miembros los párrafos 8.20 y 8.21 de su Resolución 1636 (2008) sobre indicadores para los medios en democracia: las emisoras de servicio público deben estar protegidas de las injerencias políticas en su gestión diaria y su trabajo editorial; los puestos de alta dirección deberían excluir a personas con clara afiliación partidista; las emisoras de servicio público deberían establecer códigos internos de conducta para el trabajo periodístico y la independencia de influencias políticas”.
Precariedad laboral en la profesión periodística
Más adelante la resolución advierte que cuando la profesión periodística se debilita, la calidad profesional y la ética se ponen en riesgo.
La Asamblea lamenta que muchos periodistas en Europa trabajen en situación precaria debido al incremento de los profesionales autónomos conocidos como “free lance”, la falta de respeto a los derechos sociales y unos ingresos generalmente bajos. Cuando la profesión periodística se debilita por este tipo de circunstancias, la calidad profesional y la ética se ponen en riesgo. La Asamblea recuerda a los Estados miembros la Carta Social Europea Revisada (Serie de Tratados Europeos Nº 163) e invita a los periodistas a usar sus derechos colectivos para mejorar sus condiciones laborales.
Los españoles (miembros del PP) votaron en contra
Los tres miembros españoles adscritos al Partido Popular Europeo votaron en contra tanto de la resolución como de las recomendaciones. En concreto según la Agencia EFE “el senador del PP Pedro Agramunt, tomó la palabra durante el debate para decir que la acusación relativa a España “es absolutamente falsa y una barbaridad”, porque “no hay ningún tipo de problema con este tema, no es verdad”. También dijo que “algún partido de la oposición ha venido aquí a contar mentiras”. El senador popular intentó presentar una subenmienda para eliminar a España del listado, pero el presidente de la Cámara no lo permitió por “no ajustarse al Reglamento”.
En el debate de la enmienda el ponente, el sueco Mats Johansson, miembro también del Partido Popular Europeo, comenta además que tiene datos nuevos para incluir el nombre de España en esa resolución y modificar el texto inicial donde no aparecía.
Apenas ha habido eco en los medios de comunicación en España
Aunque la noticia la puso en circulación la agencia EFE llama la atención que no haya tenido repercusión alguna en nuestro país. Únicamente hemos localizado un medio digital que dio la noticia (elconfidencial.com).
La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo de Europa. A diferencia del Parlamento Europeo, el poder de la Asamblea se extiende solo a la capacidad de investigar, recomendar y aconsejar. Aun así, sus recomendaciones sobre temas tales como los derechos humanos tienen un peso significativo en el contexto político europeo.