El ERE de RTVV ha estado plagado de irregularidades desde su comienzo: las procedimentales empiezan antes de iniciarse el período de consultas. Como consta en denuncia presentada en la Inspección de Trabajo, la Dirección negó a los sindicatos de manera reiterada el denominado “informe PriceWaterhouseCoopers” alegando que no contenía ninguna información de relevancia para los representantes de los trabajadores, cuando en realidad resultó ser la base del Procedimiento de Despido Colectivo. El citado informe, por lo demás, es una chapuza redactada a base de informaciones y gráficos publicados en periódicos como El Mundo o Abc.
Las artimañas, mentiras y ocultamientos continuaron hasta la reunión (convocada con nocturnidad) del Consejo de Administración, en la que se decidió unilateralmente el despido discrecional y arbitrario de 1.198 trabajadores (dos tercios de la plantilla). Porque los supuestos “criterios objetivos” de la empresa salvan del ERE, claro está, a gente como la jefa de prensa del presidente Fabra, hija de una diputada del Partido Popular.
Tanto el informe de PWC para la RTVV como las condiciones del pliego solicitado por la Dirección de Telemadrid “para la licitación del servicio de asesoramiento en el proceso de adecuación de la estructura empresarial de nuestra empresa a la situación actual del mercado audiovisual” (como si una empresa pública hubiera de regirse por las leyes del mercado) no plantean ninguna auditoría para determinar por dónde se ha escapado el dinero, esconden las verdaderas causas de la elevación del coste de las televisiones autonómicas controladas por el Partido Popular, y por tanto, no cuestionan el modo en que se puede acometer una verdadera racionalización del gasto. No se pretende ahorrar con estas medidas, sino generar una inmensa plusvalía a través de los despidos para trasvasar fondos públicos al sector privado, con el fin de sostener el nivel de enriquecimiento de unos pocos.
Porque, ¿cómo ha aumentado Telemadrid su deuda de 76 a 278 millones en apenas 10 años? Entre otras razones:
1. Creando una redacción paralela de Informativos compuesta por más de un centenar de personas, en su mayoría reclutados entre familiares y amigos de miembros del PP.
2. Elevando su número de directivos de 23 a 46.
3. Llevando a mínimos históricos su credibilidad y su audiencia (del 17’1 de 2003 al 6,2 de 2011).
4. El dinero público entregado por Telemadrid a empresas vinculadas a Enrique Cerezo es superior a la deuda generada en nuestro canal durante el mandato de Esperanza Aguirre:
-230 millones por los derechos del Atlético para las temporadas 2009-2013;
-al menos 6 millones de euros por la comercialización exclusiva de la publicidad a través de la empresa Multipark, de la que Cerezo es socio, y que declara unos ingresos bastante inferiores a los de televisiones de otras autonomías con una cuota de mercado similar o inferior a la nuestra: desde que Multipark gestiona nuestra publicidad, ésta se ha reducido a más de la mitad, aportando en el ejercicio de 2011 tan solo 16 millones de euros (en el mismo periodo TV3 ingresó 85 millones de euros por el mismo concepto);
-al menos 1.141.900€ en concepto de derechos cinematográficos para su empresa Video Mercury Films;
-15 millones de euros para financiar la película Sangre de Mayo (para Nickel Odeon Dos S.A., empresa asociada a Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas en al menos otras cinco producciones televisivas o cinematográficas anteriores).
Esa productora de Garci ha conseguido además otro millón de euros por el programa Cine en Blanco y Negro. Cerezo, que es amigo íntimo del Vicepresidente de la Comunidad Ignacio González (y que este agosto comió en varias ocasiones con su mano derecha en Telemadrid, el Subdirector Ángel Martín Vizcaíno) ha logrado muchos otros regalos de la Administración de Esperanza Aguirre, como la compra de los terrenos del Calderón, la cesión del estadio público de La Peineta, la Ciudad Deportiva del Atlético (colindante a los terrenos ofrecidos para EuroVegas) o 10 licencias para la TDT en un concurso anulado en los tribunales y resuelto de nuevo por la Comunidad dando las concesiones exactamente a las mismas empresas. Asimismo, Cerezo fue condenado a pena de cárcel por un delito de apropiación indebida y ha conseguido para el Atlético una deuda de 180 millones a Hacienda.
5. La política clientelar de contratos de programas, concedidos siempre a productoras amigas, incluye a la factoría Buruaga-Sánchez Gallo-Ortega (10 millones de €) o a Fernando Sánchez Dragó (3 millones de €).
Aunque no se nos escapa que España pasa por momentos muy complicados, ninguno de esos gastos disparatados parecen preocupar en lo más mínimo a los que gestionan nuestro dinero público, más ocupados en coadyuvar activamente para que una verdadera cleptocracia se vaya adueñando de los mecanismos de poder y del patrimonio común. Basta con ver las acusaciones que en los tribunales pesan contra los directivos de Canal 9 (blanqueo de dinero, delito fiscal amaño de contratos, financiación ilegal); Radio Televisión de Castilla-La Mancha (malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación); la siguiente en el anuncio –esta misma semana- de que va a ser totalmente privatizada, la Televisión Autonómica Murciana (sobre la que pesa una denuncia de prevaricación en el procedimiento de concesión) o de Bankia (estafa, apropiación indebida, falsificación fraudulenta y desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas). Bankia, por cierto, está asociada a Cerezo y Telemadrid a través de Multipark y Madrid Deporte Audiovisual.
(UGT Telemadrid)
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