La dirección de Telemadrid ha desestimado, pese a ser la más económica, la propuesta de la asociación de ex trabajadores de la cadena (AGTPM) para el concurso de producción de los informativos de la televisión autonómica. La dirección de la cadena ha alegado incumplimiento de condiciones jurídicas para negarse considerar la oferta. Los abogados de AGTPM estudian la impugnación del proceso porque, entre otras circunstancias, la cadena no se puso en contacto con la asociación para subsanar los posibles incumplimientos, como era su obligación tal y como consta en el pliego jurídico del concurso público.
El apartado 8.1 del pliego de condiciones jurídicas dice textualmente:
“Se procederá, en primer lugar, a la apertura del sobre correspondiente a la documentación administrativa y decidirá sobre la admisión de las proposiciones y cuando se detecten defectos subsanables concederá un plazo no superior a un (1) día hábil para su subsanación, mediante correo electrónico al licitador. En ningún caso podrá otorgarse plazo de subsanación para permitir el cumplimiento material tardío de requisitos impuestos al licitador.”
La AGTPM ofrecía menor coste y mayor experiencia
La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña se ofrecía a realizar el servicio por la cantidad de 160.000 euros mensuales, lo que supone con diferencia el presupuesto más económico de los presentados. Las otras ofertas eran mucho más caras, 304.555 euros por parte de Telefónica TSA y 305.000 que propone Broadcast Corporation, filial del Grupo Secuoya (de cuyo consejo de administración es miembro el ex portavoz del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez ).
La asociación de trabajadores basaba su oferta en la utilización de los medios técnicos propios de Telemadrid. La Comunidad de Madrid ha dotado a la cadena de la tecnología más avanzada, lo que ha significado una alta inversión procedente de los impuestos de todos los madrileños. Los gestores de la cadena pretenden inutilizar esta dotación y exigen a los adjudicatarios aportar nuevos medios, en principio muy inferiores a los ya existentes. Esto no puede suponer otra cosa que un incremento en el precio de adjudicación y por lo tanto una negligencia en la gestión y el desvío de dinero público a empresas privadas, injustificable en estos tiempos de contención de gastos y recortes económicos.
La asociación AGTPM , que reúne a más de 200 profesionales, aportaba trabajadores con la mayor experiencia posible y un aval de profesionalidad. Todos ellos demostraron sus conocimientos teóricos y prácticos en un concurso oposición de la propia Telemadrid, y llevaban realizando las funciones ahora externalizadas desde el comienzo de la emisión de la cadena autonómica en el año 1989. Pero la dirección en su alegación en el acto de la apertura de sobres consideró que esta experiencia no estaba debidamente acreditada.
La concesión a la oferta propuesta por el colectivo de trabajadores despedidos supondría la consecución de empleo de al menos 47 personas que dejarían de cobrar el desempleo con el consiguiente ahorro para el erario público.
En espera de las resoluciones judiciales
Por otra parte, tampoco la publicación de la licitación aclara la adjudicación arbitraria y sin concurso público de este mismo servicio a Telefónica en el pasado mes de enero, tras el despido masivo del 80% de la plantilla. En este sentido, el próximo 15 de Julio, El director general de Telemadrid, deberá declarar en el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón por estar imputado por 5 delitos graves contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario. José Antonio Sánchez es directivo de Telefónica en excedencia (entre 2004 y 2011, fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional).
Según se expone en el pliego de condiciones, además, el contrato resultante de este concurso quedará anulado en caso que el Tribunal Supremo dicte a favor del recurso interpuesto por los representantes sindicales contra el ERE. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que los despidos “no se ajustan a derecho”. Las razones económicas alegadas por la empresa se contradicen con la licitación de estos servicios por un importe superior al resultante de la explotación con recursos propios.
Los trabajadores, con esta oferta, demuestran que tienen la capacidad y conocimientos necesarios para realizar las funciones que venían desarrollando con un coste muy inferior para los ciudadanos y con una garantía de profesionalidad y pluralidad ampliamente avalada. Pero también quieren aclarar que su participación en el concurso no quiere legitimar una licitación que entienden significará el desvío de dinero público a empresas privadas y una evidente falta de amortización de la inversión en recursos técnicos. Los empleados despedidos mantienen su intención de volver a sus legítimos puestos de trabajo, como así señala la sentencia del TSJM que ofrece esa posibilidad a la dirección del EPRTVM