elpais.com: Una ley regulará el 'derecho a saber' de los ciudadanos ante la Administración.
Las demandas de información deberán ser resueltas en un plazo de 30 días - La falta de respuesta en el tiempo previsto supondrá que la petición se acepta.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no solo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas [desde empresas de recogida de basuras a universidades], siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte.

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