En concreto, el recurso busca paralizar la reducción de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos, que se modificaron el pasado 1 de junio con arreglo a la rebaja de entre el 0,56% y el 7% acordada por el Consejo de Ministros del 20 de mayo, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público.

Para lograr sus objetivos, tres federaciones de CC.OO. -Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios- recurrieron inicialmente la resolución que dictó el pasado 25 de mayo la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en la que se daban instrucciones en relación con las nóminas. Dicho departamento, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene veinte días para remitir a la Audiencia Nacional el expediente administrativo completo que ha motivado el recurso.

A continuación, la Audiencia Nacional ha admitido también otros dos recursos de la Federación de Servicios Públicos de UGT por idéntico motivo (uno, contra la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos; y otro, contra el acta administrativa de la Mesa General de la Función Pública).

Los sindicatos pretenden que "se restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios".

(Parabólica nº 123)