Los 4 directores generales de Telemadrid de la era Aguirre-González querellados

Los cuatro directores generales del Ente Público Radio Televisión Madrid nombrados por el PP en la etapa de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, están ahora mismo querellados por delitos tan graves como la malversación de fondos públicos, la prevaricación o la administración desleal.

Una buena muestra de la “gestión” realizada en la última década en la radio televisión pública madrileña y que desembocó en un ERE justificado por supuestas “razones económicas” y el despido de 861 trabajadores. Despidos ilegales ya que el Tribunal Supremo sentenció como el ERE  “no ajustado a derecho”.

Querellados por malversación y administración desleal

Por los contratos de los derechos del fútbol y publicidad con el Atlético de Madrid de Enrique Cerezo. Interpuesta por la Asociación de afectados por la gestión de la Televisión Pública Madrileña formada por ex trabajadores de Telemadrid.

Manuel Soriano

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Tras la victoria electoral del Partido Popular en las elecciones generales en 1996 fue nombrado jefe de prensa del Ministerio de Educación y Cultura por su titular, Esperanza Aguirre. Ejerció el cargo hasta la salida de Aguirre del Gobierno en 1999. Siguió a Aguirre en su siguiente cargo, asumiendo las funciones de Jefe de Prensa del Senado entre 1999 y 2002.

Tras el triunfo de Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2003 y su acceso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, fue nombrado director general de Telemadrid (12 de diciembre de 2003). Su gestión en ese cargo ha estado acompañada de continua polémica.

Ya en 2004 ignoró una auditoría realizada por la empresa Alfa Solutions que destapó la escasa capacidad organizativa y la falta de transparencia a la hora de gestionar el dinero público de los madrileños en Radio Televisión Madrid.

Con él de Director General el Gobierno de Aguirre multiplicó por cuatro el límite máximo de contratación del director de Telemadrid sin la autorización del consejo de administración, que en 2005 pasó de 150.000 a 600.000 euros.

La cadena autonómica firmó numerosos contratos con Buruaga, Cerezo o Garci por debajo del nuevo importe fijado por Aguirre, evitando así el control de los consejeros. Disparó la deuda de la cadena hasta triplicarla. Puso al frente de los informativos al ex subdirector de La Razón Agustín de Grado, y convirtieron Telemadrid en altavoz de propaganda del PP de Aguirre. A golpe de manipulación y “redacción paralela” hundieron la audiencia.

Fue imputado por un delito de acoso sexual contra su secretaria. Denuncia que terminó archivada por la juez María Tardón (ex concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid).

En enero de 2007 promovió el ruinoso negocio de la compra de los derechos de fútbol y publicidad con el Atlético de Madrid de Enrique Cerezo por 230 millones de euros (más otros 70 millones para el Getafe), aún teniendo informes internos que le advertían de que la inversión no era viable (fuente InfoLIbre).

Unos derechos y contratos de publicidad gestionados por Madrid Deporte Audiovisual, empresa creada para ese fin por Telemadrid y CajaMadrid y de la que Soriano fue administrador mancomunado hasta finales de 2007 al dimitir de su cargo de director general por “razones personales”.

Soriano pasó entonces a ser presidente del Consejo de Administración del EPRTVM, cargo que ocupó hasta 2013, cuando descendió un peldaño para pasar a ser simple miembro por el PP del Consejo de Administración del EPRTVM. Soriano, responsable directísimo de la ruina de Telemadrid, votó en enero de 2013 a favor del ERE y el despido de 861 trabajadores.

Isabel Linares

Isabel Linares en PWC

Llegó a la dirección general del EPRTVM en 2007 también de la mano de Esperanza Aguirre. Y sin ninguna experiencia ni méritos conocidos en el sector Audiovisual (venía de ser directora general adjunta de Sanitas).

La gestión de Linares fue otro completo desastre. La suya fue una dirección bipolar. Tan pronto decía una cosa al Comité de Empresa como hacía lo contrario. Con ella la deuda siguió creciendo, la audiencia cayendo, los directivos multiplicándose y los negocios privados de los CerezoGarci, Buruaga y Dragó floreciendo espectacularmente.

Está en la querella por haber sido administrador mancomunado de Madrid Deporte Audiovisual hasta julio de 2008. Abandonó la dirección general en 2011 dejando como “merito” especial el haber reducido la plantilla del EPRTVM en 300 personas. (despedidos y sin necesidad de un ERE. Olé que arte). Desde 2012 es senior counsellor de la auditora PWC (empresa responsable del despropósito del ERE de la valenciana Canal 9).

A diferencia de sus antecesores, el actual director general no es hombre de confianza de Esperanza Aguirre, sino del actual presidente regional Ignacio González. Vizcaíno fue director de Televisión Española de abril de 1997 a diciembre de 1998 con el Gobierno del PP de José María Aznar.

Después pasó por Quiero Televisión, un invento que nunca funcionó y terminó por cerrar en 2002, pasando entonces Vizcaíno a ocupar el cargo de director del Gabinete del secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración que era… su viejo amigo Ignacio González.

Y allí estuvo hasta 2004, año de su llegada a Telemadrid como subdirector general. Desde entonces fue el muñidor en la sombra de casi todo lo que pasaba y se cocía en Telemadrid. Incluso según “Estrella Digital” Vizcaíno era “el encargado de defender y sacar adelante los proyectos del presidente del Atlético de Madrid en la cadena de Aguirre” incluyendo como no, los famosos contratos de fútbol.

Relevó a Isabel Linares en el cargo de administrador mancomunado de Madrid Deporte Audiovisual en representación de Telemadrid, cargo que ocupó hasta junio de 2012. Hace apenas un mes la mayoría absoluta del PP le ascendió al cargo de director general del Ente Público Radio Televisión Madrid.

Madrid Deporte Audiovisual  está ahora mismo en liquidación. Desde que se creó en 2007 (con un 49% de capital de Telemadrid y un 47,5% de CajaMadrid) nunca dio beneficios. Año tras año estuvo en números rojos hasta entrar en preconcurso de acreedores sólo unos días antes de ejecutarse el ERE en enero de 2013.

Querellado por delitos contra los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y un delito societario.

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